La prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler permitirá mantener durante un máximo de dos años adicionales los arrendamientos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. La medida fue convalidada este jueves por la Diputación Permanente del Congreso mediante un real decreto-ley que incorpora distintas disposiciones en materia de vivienda.
En la Región de Murcia, la ampliación podría alcanzar a 46.819 contratos y generar un ahorro mediano estimado de 2.945 euros por hogar, según los cálculos comunicados el viernes por la Delegación del Gobierno. La misma estimación sitúa en 117.500 el número potencial de residentes murcianos beneficiados.
Una estimación sujeta a la solicitud de los inquilinos
La cifra de residentes se obtiene aplicando el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en la Región. El Instituto Nacional de Estadística fijó ese promedio en 2,59 personas por hogar, a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025.
La Delegación del Gobierno precisa que tanto el número de contratos como el ahorro son estimaciones elaboradas mediante una microsimulación. El cálculo parte del supuesto de que todos los inquilinos afectados piden la ampliación y compara, para los contratos que vencen entre 2026 y 2028, la renta prorrogada con el coste estimado de firmar un nuevo arrendamiento.
- La renta prorrogada continuará sometida a las actualizaciones y los límites previstos en la legislación.
- En las zonas declaradas tensionadas, el nuevo importe no podrá superar la renta anterior.
- La comparación utiliza la evolución de los precios de oferta de Idealista en cada provincia.
Para elaborar el estudio se empleó una muestra de alquileres declarados por personas físicas, procedente del Panel de Hogares del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria, con información disponible hasta 2023. La estimación se realizó para el territorio fiscal común.
“Estabilidad y certidumbre”
La Delegación del Gobierno describió la prórroga con esas palabras y señaló que constituye un ahorro relevante para los inquilinos. En el conjunto de España, la medida podría afectar a cerca de 4,9 millones de personas, de acuerdo con la estimación difundida por el Ejecutivo.