La nueva Ley de Universidades de la Región de Murcia comenzó este martes, 3 de noviembre, su recorrido parlamentario después de que la Asamblea Regional aprobara la toma en consideración del proyecto. La sesión estuvo marcada por el debate sobre las garantías de financiación de las universidades públicas y sobre la necesidad de elevar el esfuerzo presupuestario hasta el 1% del producto interior bruto.
El texto sustituirá a la Ley 3/2005 y adapta la regulación autonómica a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023. El Consejo de Gobierno dio luz verde al proyecto el pasado 15 de octubre para remitirlo a la Cámara autonómica. La propuesta está formada por 110 artículos.
Durante la presentación del proyecto, el consejero de Universidades, Juan María Vázquez, situó entre sus objetivos la accesibilidad y la inclusión del alumnado, una mayor presencia de los estudiantes en la toma de decisiones, la estabilidad económica del sistema y el refuerzo de la investigación vinculada a las necesidades del tejido productivo.
“Estabilidad financiera para atender las necesidades singulares de cada universidad en base a objetivos evaluables y financiación plurianual”.
El planteamiento del Gobierno regional incorpora, según explicó el consejero, varios ejes:
- Más participación estudiantil en los órganos y procesos de decisión.
- Financiación plurianual vinculada a objetivos que puedan ser evaluados.
- Impulso de la investigación y conexión con el tejido productivo.
- Medidas orientadas a mejorar la accesibilidad y la inclusión en el ámbito universitario.
La exposición fue seguida en la Asamblea por los rectores de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli; de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler; y de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Josefina García. Antes de la sesión, los responsables universitarios conversaron con el presidente regional, Fernando López Miras, y con Vázquez.
El consejero recordó que el sistema universitario regional reúne a la UMU, la UPCT y la UCAM, además de las sedes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En conjunto, estas instituciones superan los 55.000 estudiantes, además de contar con sus respectivas plantillas docentes y equipos de personal.
El debate parlamentario puso el foco también en la concreción de los recursos que recibirán las universidades públicas. La tramitación continuará ahora en la Asamblea Regional, donde el proyecto deberá avanzar por las distintas fases parlamentarias antes de su eventual aprobación definitiva.
