La propuesta para modificar la Ley del Mar Menor ha dejado a los grupos de la Asamblea Regional enfrentados sobre el régimen de sanciones, las ayudas públicas y el nivel de protección ambiental de la laguna. El Partido Popular, promotor de la iniciativa, sostiene que el cambio permitirá ajustar la normativa autonómica a la estatal y eliminar solapamientos entre administraciones.
La formación popular defiende que el texto busca hacer compatible la conservación del ecosistema con la actividad agrícola. También niega que la reforma suprima prohibiciones o controles ambientales, en respuesta a las críticas planteadas por el resto de grupos durante el debate parlamentario.
El PSOE mantiene una posición contraria. Su secretario general, Francisco Lucas, ha anunciado que recurrirá la modificación ante los tribunales y que impulsará, si fuera necesario, una reforma del Estatuto de Autonomía para reforzar la protección del Mar Menor. Los socialistas preparan además enmiendas para preservar las sanciones y limitar las ayudas públicas vinculadas a actividades infractoras.
«Presunción de culpabilidad»
Podemos también rechaza la iniciativa porque considera que reduce los controles y beneficia a empresas que incumplan la normativa. La formación trabaja junto al PSOE en propuestas para mantener tanto el régimen sancionador como las restricciones previstas para el acceso a fondos públicos.
Vox presentó una alternativa con un planteamiento de flexibilización más amplio, pero la propuesta no salió adelante frente al texto del PP. El diputado Antonio Martínez Nieto cuestionó que la reforma responda a las necesidades del sector primario y advirtió de la ausencia de consenso.
La iniciativa sí recibió el respaldo de los diputados no adscritos José Ángel Antelo y Virginia Martínez, antiguos miembros de Vox. Ambos reclamaron terminar con lo que califican como una «presunción de culpabilidad» hacia agricultores y ganaderos.
Enmiendas antes de la votación definitiva
La siguiente fase será la presentación y tramitación de las enmiendas parciales. Las organizaciones sociales y los ciudadanos contrarios a la modificación también pretenden trasladar sus propuestas al procedimiento parlamentario. La aprobación definitiva podría producirse en diciembre, según el calendario recogido en la información publicada por La Opinión de Murcia.
- El PP vincula la reforma a la adaptación de la norma autonómica a la estatal.
- El PSOE anuncia un recurso judicial y cambios en el Estatuto si los considera necesarios.
- Podemos y el PSOE preparan enmiendas sobre sanciones y ayudas públicas.
