El Gobierno pide al Ejecutivo central un calendario creíble para reanudar el trasvase
La Consejería y el resto del Ejecutivo autonómico han mostrado este jueves su preocupación por la interrupción del trasvase Tajo‑Segura, que, según la portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, acumula ya casi un mes sin fecha de reapertura. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz reclamó al Gobierno central «máxima transparencia, agilidad en las actuaciones y, sobre todo, un calendario claro y creíble» para recuperar el servicio.
«El problema es que no tenemos información», dijo Marisa López Aragón tras la reunión del Ejecutivo.
La portavoz vinculó la falta de datos oficiales con la dificultad de planificación de los agricultores de la Región, que, a su juicio, no pueden diseñar sus campañas ni asegurar el riego de sus explotaciones mientras se mantenga la incertidumbre sobre el suministro.
En sus intervenciones, el Gobierno regional advirtió de cifras que ilustran el impacto económico y laboral que, a su entender, tendría una paralización prolongada del trasvase:
- 260 millones de euros en riesgo de pérdida de actividad, según las estimaciones citadas por la portavoz.
- 5.600 empleos vinculados a la continuidad del trasvase que podrían verse afectados en seis meses de interrupción.
La portavoz subrayó además que el problema no se circunscribe al sector agrario, sino que, en su valoración, afecta al conjunto de la ciudadanía de la Región por la relevancia de esta infraestructura para el abastecimiento y la actividad económica.
En la comparecencia, la representante del Ejecutivo autonómico advirtió de que una demora extensa «puede tener consecuencias muy importantes» y dejar en riesgo recursos hídricos que, según dijo, la Región «no se puede permitir perder». Asimismo, pidió que las consecuencias de la situación no recaigan sobre quienes dependen del agua para producir y mantener sus explotaciones.
El Gobierno regional demandó al Ejecutivo central información puntual sobre el estado del trasvase y un calendario de actuaciones que permita a los regantes y a las administraciones planificar medidas de contingencia. La portavoz no facilitó más detalle sobre las fuentes de las cifras citadas ni aportó un desglose por sectores o municipios.
| Concepto | Cifra citada |
|---|---|
| Impacto económico estimado | 260 millones € |
| Empleo en riesgo (estimación) | 5.600 puestos |
El Ejecutivo autonómico vincula la demanda de información y de un plan a la necesidad de proteger el abastecimiento y la actividad agrícola en una Región cuya economía depende de manera significativa del regadío y de la industria agroalimentaria.
