En pleno debate sobre la vivienda y tras el adelanto de las generales, los dirigentes políticos de la Región de Murcia presentan patrimonios inmobiliarios reducidos, según publica La Opinión de Murcia. La información recoge las declaraciones de bienes de los diputados de la Asamblea Regional y de los miembros del Gobierno autonómico y concluye que ninguno de ellos supera los umbrales que define la normativa estatal para ser considerado gran tenedor.
Qué considera la ley un gran tenedor
Según la Ley estatal de Vivienda, se entiende por gran tenedor a quien posee más de diez inmuebles urbanos —excluidos garajes y trasteros— o una superficie construida residencial superior a 1.500 metros cuadrados. El umbral se reduce a cinco inmuebles cuando están en zonas declaradas tensionadas por la comunidad autónoma, tal y como recuerda el artículo.
La investigación periodística detalla algunas de las declaraciones más relevantes del Ejecutivo regional:
- Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma, figura con una única vivienda registrada en Águilas, valorada en 80.000 euros (declaración de 2023).
- Jorge García Montoro, consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, declaró tres inmuebles: dos en Murcia y uno en Las Torres de Cotillas, heredados o recibidos por donación.
- Marisa López Aragón, portavoz del Ejecutivo, consta con cuatro viviendas al 50%; ubicadas en San Javier, Molina de Segura y dos en Murcia.
- Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, figura con tres inmuebles al 50%, dos en Murcia y uno en Molina de Segura.
La información también apunta a la presencia habitual de segundas residencias en la playa entre miembros del Gobierno. Entre los ejemplos citados están:
- Carmen Conesa: participación del 50% en una vivienda en La Manga.
- Isabel Ayala: vivienda al 50% en Los Alcázares.
- Joaquín Buendía: vivienda al 50% en Playa Honda (Cartagena).
"Los fondos buitre y los especuladores inmobiliarios se han convertido en el enemigo público número uno", recuerda el artículo en el contexto del adelanto electoral.
El reportaje se publica en un momento en que la vivienda es eje central de la campaña y el debate público sobre la limitación de grandes tenedores y medidas para aumentar la oferta asequible. Los datos publicados se basan en las declaraciones patrimoniales registradas por los cargos y recogidas por La Opinión de Murcia, que subraya que, en términos formales, ninguno de los políticos regionales analizados alcanza las cifras que la ley estatal considera como gran tenedor.
El contraste entre la percepción pública de la presión sobre el mercado inmobiliario y las declaraciones públicas de los dirigentes regionales es el marco en el que se sitúa esta información, que aporta cifras concretas sobre las propiedades inscritas por responsables políticos de la Región.
