El juzgado considera insuficiente la instrucción del expediente abierto en 2023
La sección de lo Contencioso‑Administrativo, plaza nº2 del Tribunal de Instancia de Murcia ha declarado la nulidad absoluta de la sanción de 2.001 euros impuesta al Café Bar El Irlandés Errante por el Ayuntamiento de Jumilla, y ha condenado al Consistorio al pago de las costas procesales, según publicó Siete Días Jumilla.
La multa fue impuesta tras un expediente incoado en 2023 por supuestas quejas relacionadas con el volumen de la música en el local. El tribunal estimó el recurso presentado por las titulares del establecimiento al concluir que existía una «evidente falta de pruebas de cargo» en el procedimiento municipal, por lo que anuló la sanción.
El conflicto, según la resolución citada por Siete Días Jumilla, se centró en el origen de las denuncias: no se trató de una alarma vecinal generalizada sino de los reclamos de una sola vecina, actualmente secretaria general del Ayuntamiento de Jumilla, circunstancia que el fallo recoge expresamente.
«fue acosada de forma permanente, con visitas habituales de la Policía Local que se personaba en el establecimiento después de llamar la vecina del edificio y funcionaria municipal»
La actual titular del negocio, Marina García Martínez, que asumió la actividad a mediados de 2024, afirmó que las inspecciones y apercibimientos continuaron tras el traspaso y atribuye a esa actuación la apertura de nuevos expedientes por los mismos hechos, pese a la falta de pruebas acreditadas, según la información publicada.
- Fecha del expediente: 2023, por quejas por música.
- Importe anulado: 2.001 euros.
- Consecuencia judicial: nulidad absoluta de la sanción y condena en costas al Ayuntamiento.
El fallo responde al recurso interpuesto por las titulares del bar, que en su defensa sostuvieron ante el tribunal que las reclamaciones no eran colegiadas entre la comunidad de vecinos sino promovidas por una sola persona vinculada al propio Ayuntamiento. Tras la sentencia, las responsables del local han denunciado públicamente lo que califican como «persecución e indefensión» por parte del Consistorio, según recogió Siete Días Jumilla.
El archivo de la sanción deja sin efecto la multa y obliga al Consistorio a afrontar las costas, aunque la resolución no recoge más medidas administrativas adicionales, según la información disponible.
